Tribunal ordena el inicio del proceso de liquidación judicial de Falcondo
La justicia dominicana ha dispuesto la liquidación judicial de Falconbridge Dominicana, S. A., iniciando un proceso para gestionar los activos y pasivos de la empresa minera.
Detalles del proceso judicial
La Séptima Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, actuando bajo sus facultades en materia de reestructuración y liquidación, ha emitido una sentencia que ordena formalmente la liquidación judicial de la empresa Falconbridge Dominicana, S. A. (Falcondo). Esta medida marca el inicio de una etapa supervisada por las autoridades judiciales para determinar el estado financiero de la compañía.
Como parte de este mandato, el tribunal ha designado al licenciado Alis Medina para que funja como liquidador judicial. Este funcionario asumirá la administración total de la minera, desplazando a la gerencia actual y operando bajo la vigilancia directa del tribunal para garantizar la transparencia en el manejo de los bienes y obligaciones de la entidad.
Instrucciones para los acreedores
El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) ha emitido un llamado a todas las personas físicas y jurídicas que mantengan cuentas por cobrar con Falcondo. Según lo establecido en la Ley número 141-15, los acreedores tienen la responsabilidad de declarar formalmente sus créditos ante el proceso judicial en curso.
Para realizar este trámite, se ha fijado un plazo de diez días hábiles y francos, el cual comenzará a computarse a partir de la fecha en que se publique el extracto de la sentencia en el portal web oficial del Poder Judicial. Es fundamental que los interesados se mantengan pendientes de esta publicación para asegurar la presentación de sus expedientes en el tiempo estipulado.
Las autoridades han aclarado que la simple declaración de una deuda no garantiza un pago inmediato. Cada solicitud será sometida a un riguroso examen técnico y legal para verificar su validez, asegurando que el proceso se ejecute conforme a las normativas vigentes del país.
Esta información fue difundida a través de un comunicado oficial del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, entidad que dio a conocer los pormenores de la decisión judicial sobre la minera.