Ratifican prisión preventiva a implicado en caso de fraude contra SeNaSa
El tribunal mantuvo la medida de coerción contra Ángel Luis Guzmán Vásquez, mientras su defensa explora un posible acuerdo con el Ministerio Público para resolver el proceso judicial.
El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictaminó la extensión de la prisión preventiva por un periodo de tres meses contra Ángel Luis Guzmán Vásquez. El imputado, quien cumple la medida en el centro de corrección Las Parras, es señalado por las autoridades como uno de los principales implicados en la segunda etapa de las investigaciones por corrupción administrativa dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Posibilidad de acuerdo judicial
Tras la audiencia celebrada este viernes, el abogado defensor, Billy Gerónimo, confirmó que mantienen un diálogo abierto con el Ministerio Público. El objetivo de estas conversaciones es alcanzar una salida alternativa al juicio ordinario, aunque el jurista aclaró que, hasta la fecha, no se ha concretado ningún pacto formal entre las partes.
El representante legal subrayó que su cliente ha mostrado una disposición constante para colaborar con la justicia dominicana. No obstante, al ser cuestionado sobre una posible reparación económica o entrega de bienes, el abogado descartó esta vía argumentando que Guzmán Vásquez carece de los recursos financieros y propiedades necesarias para realizar cualquier tipo de compensación monetaria.
El Ministerio Público sostiene que el encartado, quien laboraba como auxiliar en el Departamento de Autorizaciones Médicas de la aseguradora estatal, habría encabezado una de las tres estructuras de fraude detectadas en el caso. Según la acusación, el imputado utilizaba su conocimiento sobre los procesos internos de la institución para gestionar autorizaciones médicas fraudulentas, utilizando datos reales de afiliados que nunca solicitaron ni recibieron tales servicios.
La investigación también vincula a varios familiares directos del imputado, incluyendo a su esposa, su hermano y sus padres, quienes habrían participado en el esquema delictivo. El tribunal ha programado una nueva revisión de la medida de coerción para el próximo mes de enero, fecha en la que se evaluará nuevamente la situación jurídica del procesado.
Esta información fue obtenida a partir de los reportes judiciales sobre el desarrollo de la audiencia y las declaraciones ofrecidas por la defensa técnica del imputado ante los medios de comunicación.