Promulgan ley que extiende plazo para la responsabilidad penal de empresas
El Poder Ejecutivo oficializó una prórroga de 18 meses para la entrada en vigencia de las sanciones penales contra personas jurídicas, fijando la nueva fecha para mayo de 2028.
El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley 88-26, normativa que concede una extensión de 18 meses para la entrada en vigor de las disposiciones del nuevo Código Penal dominicano referentes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Con esta medida, la aplicación de dicho régimen, que originalmente estaba pautada para el 5 de noviembre del presente año, ha sido trasladada para el 5 de mayo de 2028.
Detalles de la prórroga y objetivos
La nueva legislación modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, postergando la vigencia de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25. El objetivo principal de este aplazamiento es otorgar a las empresas el tiempo necesario para realizar las adecuaciones internas y los ajustes operativos que exige el nuevo marco legal. Según lo expuesto, este periodo adicional facilitará una transición ordenada y permitirá que los organismos del sistema judicial se preparen adecuadamente para la ejecución efectiva de estas normativas.
El proceso legislativo que culminó con esta promulgación fue aprobado por el Congreso Nacional tras un consenso entre ambas cámaras. Aunque la propuesta inicial contemplaba una extensión de 24 meses, los legisladores optaron por reducir el plazo a 18 meses, decisión que fue ratificada tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado de la República.
Es importante recordar que el régimen de responsabilidad penal para personas jurídicas contempla sanciones severas ante delitos cometidos por directivos o empleados en el ejercicio de sus funciones. Entre las medidas punitivas que el Código Penal establece se encuentran multas económicas, el cierre temporal o definitivo de las instalaciones, la cancelación de licencias de operación, la inhabilitación para participar en contrataciones públicas y, en casos extremos, la disolución de la entidad comercial.
La solicitud de esta prórroga contó con el respaldo de sectores empresariales, incluyendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE). Dichas entidades argumentaron que el tejido empresarial, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas, requería un margen de tiempo mayor para implementar los mecanismos de cumplimiento y prevención necesarios para ajustarse a las nuevas exigencias legales.
La información sobre la promulgación de esta ley fue dada a conocer a través de los canales oficiales del Estado, detallando que la normativa es de aplicación nacional y entra en vigencia de manera inmediata tras su publicación oficial.