Promulgan Ley 87-26 que prioriza la digitalización de los trámites en el Poder Judicial
El Poder Ejecutivo oficializó la Ley 87-26, la cual establece la digitalización como vía principal para los servicios judiciales, garantizando a su vez el acceso presencial para quienes carezcan de medios tecnológicos.
El Estado dominicano ha dado un paso significativo hacia la modernización de su sistema de justicia con la promulgación de la Ley núm. 87-26. Esta normativa tiene como propósito fundamental optimizar la eficiencia, transparencia y seguridad de los servicios que ofrece el Poder Judicial, adaptando el marco legal a las exigencias de la era digital.
Actualización del marco normativo y nuevas definiciones
La reciente legislación introduce modificaciones clave a la Ley núm. 339-22, sobre el Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial. Entre los cambios más relevantes, se destaca la incorporación de terminología técnica esencial para el entorno jurídico actual, incluyendo conceptos como el expediente electrónico, el buzón judicial digital, la autenticación y medidas de protección contra la falsificación digital o spoofing. Asimismo, se establecen parámetros claros para el uso de la firma electrónica y la firma digital cualificada.
Uno de los pilares de esta reforma es la priorización de los trámites digitales. No obstante, la ley es enfática al señalar que la tecnología no debe convertirse en un obstáculo para los ciudadanos. Por ello, se garantiza el derecho a realizar gestiones de manera presencial para aquellas personas que no dispongan de los equipos necesarios, la conectividad adecuada o los conocimientos técnicos requeridos para operar en el entorno virtual.
En cuanto a la validez de los documentos, la normativa otorga plena fuerza jurídica a las sentencias, resoluciones y autos suscritos mediante firma digital o electrónica cualificada por jueces y servidores judiciales, eliminando la necesidad de certificaciones adicionales para validar dichos actos.
Innovaciones en el proceso y georreferenciación
La Ley 87-26 introduce el sistema digital de georreferenciación ministerial, una herramienta diseñada para fortalecer la labor de los alguaciles. Este mecanismo permitirá registrar con precisión la fecha, hora y ubicación exacta de las diligencias procesales, asegurando así la trazabilidad de las actuaciones realizadas en campo.
Adicionalmente, la ley regula la realización de audiencias virtuales en todas las materias, con restricciones específicas en el ámbito penal. También se establecen protocolos para las modalidades presencial y semipresencial, contemplando mecanismos de contingencia ante situaciones de fuerza mayor o estados de excepción que pudieran afectar la operatividad normal del sistema.
Esta información ha sido difundida basándose en el reporte oficial sobre la promulgación de la Ley 87-26, la cual entrará en vigencia conforme a los plazos constitucionales y legales establecidos en el país.