Procuraduría y Migración eliminan más de 56 mil alertas migratorias tras años de retraso
Tras cuatro años de espera, las autoridades han retirado miles de impedimentos de salida que carecían de sustento judicial, cumpliendo con disposiciones previas del Tribunal Constitucional.
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección General de Migración (DGM) han procedido a la eliminación de 56,140 alertas migratorias e impedimentos de salida que se encontraban registrados en su base de datos. Esta acción pone fin a una situación que se prolongó por años, donde miles de ciudadanos veían restringido su derecho al libre tránsito sin contar con una orden judicial que justificara dicha medida.
Un proceso de depuración postergado
El levantamiento de estos controles, que abarcaban registros acumulados desde 1990 hasta el presente año, responde a una necesidad de actualizar los sistemas institucionales que, durante décadas, no fueron depurados de oficio. Según informaron las autoridades, la medida fue impulsada tras una solicitud formal de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso al director de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, con el objetivo de limpiar el sistema de expedientes obsoletos o sin base legal.
La revisión técnica permitió identificar tres categorías principales de registros que debían ser eliminados: aquellos que carecían de fundamento legal, los registros históricos que no permitían la identificación clara de la persona y los expedientes correspondientes a procesos judiciales que ya habían concluido o cumplido su propósito.
El marco legal y la postura del Tribunal Constitucional
La problemática de las alertas migratorias sin orden judicial ha sido un tema de debate jurídico constante. En 2021, la procuradora general Miriam Germán Brito había anunciado medidas para regularizar esta situación tras incidentes públicos donde se impidió la salida del país a ciudadanos sin el debido proceso. Sin embargo, la persistencia de estos registros en la base de datos de Migración demostró que la instrucción no se había ejecutado en su totalidad.
Posteriormente, el Tribunal Constitucional emitió fallos contundentes, como la sentencia TC/0338/22, estableciendo que ninguna autoridad tiene la facultad de restringir la libertad de tránsito sin una orden emanada de un juez. Este criterio fue ratificado en noviembre de 2025 mediante la sentencia TC/1186/25, la cual declaró inconstitucional cualquier disposición que permitiera impedir la salida del país sin una decisión judicial previa, reforzando la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las actuaciones administrativas.
Esta información fue recopilada a partir de los reportes oficiales emitidos por la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración, instituciones que confirmaron la finalización de la mesa técnica encargada de la depuración de los registros migratorios.