Ministerio Público solicita prisión preventiva contra hombre acusado de amenazar al presidente Abinader
Delvinson De la Cruz Sosa enfrenta cargos por presunta planificación de un atentado contra el mandatario; el Ministerio Público ha solicitado tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.
Las autoridades judiciales han formalizado una solicitud de medida de coerción consistente en tres meses de prisión preventiva contra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, quien es señalado por su presunta implicación en la planificación de un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader. El arresto del imputado se produjo el pasado martes 3 de noviembre tras una serie de intervenciones autorizadas por la magistrada Josefina Noemí Díaz Marte.
Implicaciones legales y posibles sanciones
De acuerdo con el marco jurídico vigente, el Ministerio Público ha fundamentado su acusación inicial bajo cargos de terrorismo. No obstante, los especialistas en derecho penal señalan que, de comprobarse la veracidad de las amenazas, el encartado podría enfrentar penas de uno a dos años de prisión, además de multas económicas, según lo estipulado en el artículo 154 del Código Penal dominicano. Esta normativa sanciona a quienes expresen, mediante diversos medios, la intención de causar daño a terceros cuando existen elementos que otorgan credibilidad a dicha advertencia.
El expediente judicial contempla escenarios más graves en caso de que la investigación evolucione hacia una tentativa de homicidio. Bajo el artículo 92, los atentados contra la figura presidencial podrían acarrear penas de entre 30 y 40 años de prisión, siempre que se logre demostrar un principio de ejecución. Asimismo, el artículo 380 del mismo código prevé sanciones de 20 a 30 años para acciones violentas que comprometan la estabilidad del Estado y sus instituciones democráticas.
Durante los allanamientos realizados en el sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, los organismos de seguridad incautaron diversos dispositivos electrónicos y sustancias químicas. Estos elementos están siendo analizados por los peritos para determinar si guardan relación directa con los planes de ataque que, según las investigaciones, habrían sido programados para el 6 de noviembre de 2026, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución.
El Ministerio Público continúa trabajando en la distinción jurídica entre las amenazas verbales y los actos preparatorios, un punto crucial para determinar la tipificación definitiva del delito. Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que el tribunal correspondiente fije la fecha para la audiencia de medida de coerción.
Esta información fue obtenida a partir de los reportes oficiales y la documentación judicial presentada por el Ministerio Público, que detalla las acciones investigativas llevadas a cabo por los organismos de inteligencia del Estado.