Gustavo Petro enfrenta acusaciones por presunta vinculación de contratos estatales con favores sexuales
El exmandatario colombiano Gustavo Petro es señalado por supuestamente otorgar contratos públicos a cambio de encuentros sexuales, acusaciones que él ha negado rotundamente.
Denuncias sobre el uso de recursos públicos
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una controversia tras surgir denuncias que lo vinculan con la supuesta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales. Según los señalamientos, estas prácticas habrían ocurrido tanto durante su gestión como senador como en su periodo al frente del Poder Ejecutivo colombiano.
La denunciante principal, Deicy Alejandra Jiménez, de 26 años, sostiene que su relación con Petro comenzó en 2019 a través de una plataforma digital. Según su testimonio, a partir de ese vínculo, el político habría utilizado su influencia para facilitarle diversas contrataciones en instituciones públicas, entre las que se mencionan el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La mujer afirma que esta dinámica no era un caso aislado, sugiriendo la existencia de un grupo de mujeres jóvenes que habrían obtenido beneficios laborales similares bajo condiciones análogas.
Evidencias y registros contractuales
La situación se tornó más compleja tras la divulgación de un video de 54 segundos donde se observa al exmandatario en un entorno privado con la denunciante. Este material audiovisual ha sido presentado como prueba de la existencia de un vínculo previo entre ambos. Adicionalmente, la mujer ha realizado acusaciones sobre el supuesto consumo de sustancias ilícitas en el marco de estos encuentros.
Ante estas declaraciones, diversos medios de comunicación realizaron un análisis de los registros del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). La revisión reveló que Jiménez suscribió diez contratos con entidades estatales, los cuales ascienden a un monto total de 133.5 millones de pesos colombianos. Gran parte de estos acuerdos, específicamente siete contratos que suman cerca de 116.9 millones de pesos, fueron formalizados entre agosto de 2022 y agosto de 2026, mientras que los tres restantes datan de su etapa legislativa.
Por su parte, Gustavo Petro ha rechazado categóricamente estas imputaciones. El exjefe de Estado ha calificado las denuncias como una intromisión indebida en su vida privada y ha negado cualquier irregularidad en la gestión de los contratos mencionados.
Esta información ha sido reportada por diversos medios de comunicación colombianos, incluyendo la revista Semana y el portal Cambio, quienes han dado seguimiento a las declaraciones de la denunciante y a la verificación de los registros públicos de contratación.