Gobierno establece marco ético para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas
El Poder Ejecutivo oficializó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial, estableciendo normas para el uso responsable y transparente de estas tecnologías en la administración pública dominicana.
Regulación del uso de IA en el sector público
El Estado dominicano ha dado un paso significativo hacia la modernización tecnológica responsable con la aprobación del Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos. A través del decreto 787-26, el Gobierno busca garantizar que la implementación de herramientas de IA en las instituciones estatales se realice bajo criterios de seguridad, inclusión y transparencia, evitando sesgos o abusos en el manejo de la información ciudadana.
La normativa establece prohibiciones claras respecto a prácticas que atenten contra la privacidad y los derechos fundamentales, tales como la vigilancia masiva y el uso de sistemas de perfilamiento criminal predictivo. Estas restricciones buscan asegurar que la innovación tecnológica no comprometa la integridad de los usuarios ni los principios democráticos del país.
Para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones, el decreto ordena la creación del Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial. Este organismo tendrá un rol consultivo y de coordinación, integrando a diversos sectores del Estado junto a representantes de la sociedad civil, la academia y el Foro Multiactor de Gobierno Abierto. La inclusión de estos actores externos tiene como objetivo fomentar un escrutinio social constante sobre cómo el Estado gestiona estas herramientas avanzadas.
La elaboración de este marco normativo fue el resultado de un esfuerzo conjunto liderado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Asimismo, el proceso contó con el respaldo técnico de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) y se fundamenta en los estándares internacionales promovidos por la Unesco y la OCDE.
Las instituciones públicas, tanto centralizadas como descentralizadas, disponen ahora de un plazo de 180 días calendario para realizar la transición. Durante este periodo, deberán registrar sus sistemas tecnológicos actuales, designar a los responsables de la supervisión ética y ajustar sus procesos internos a los nuevos lineamientos establecidos por el decreto.
Esta información fue difundida oficialmente por la Presidencia de la República, detallando los alcances y la estructura de esta nueva política pública enfocada en la transformación digital ética del país.