Gobierno dominicano regula el uso de inteligencia artificial en la administración pública
El presidente Luis Abinader emitió el decreto 787-26 que establece un código de ética para el uso de inteligencia artificial, prohibiendo prácticas que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos.
Nuevas directrices para el uso de tecnologías automatizadas
El Estado dominicano ha dado un paso significativo hacia la regulación tecnológica con la promulgación del decreto 787-26. Esta normativa, suscrita por el presidente Luis Abinader el pasado 2 de noviembre, introduce el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, con el objetivo de garantizar que el despliegue de estas herramientas sea transparente, justo y respetuoso de las libertades individuales.
La disposición establece límites claros a la implementación de algoritmos en el sector público. Entre las prohibiciones más destacadas se encuentra el uso de sistemas destinados a la clasificación social de los ciudadanos, así como técnicas que busquen manipular la opinión política o influir de manera encubierta en la voluntad popular. Asimismo, se veta el empleo de herramientas de identificación biométrica masiva en espacios públicos sin el debido respaldo legal y judicial.
En el ámbito de la justicia, el decreto es tajante al impedir que los sistemas automatizados tomen decisiones penales de forma autónoma. Esto significa que los algoritmos no podrán determinar medidas de coerción ni dictar sentencias sin la intervención directa de un juez, protegiendo así el principio de presunción de inocencia. Del mismo modo, se prohíbe el uso de software predictivo que etiquete a personas como potenciales infractores basándose en su nivel socioeconómico, origen étnico o lugar de residencia.
El marco normativo también garantiza el derecho de los ciudadanos a ser informados cuando una decisión administrativa haya sido influenciada por inteligencia artificial. Las instituciones están obligadas a explicar los criterios utilizados y a ofrecer mecanismos de revisión humana para corregir posibles errores. Además, se introduce la obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto ético antes de poner en marcha cualquier sistema considerado de alto riesgo para los derechos fundamentales.
Para supervisar el cumplimiento de estas medidas, se ha creado el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial. Este ente, coordinado por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), integrará a diversos sectores de la sociedad para asegurar una vigilancia constante y una actualización periódica de estas normas.
Esta información fue obtenida a partir del decreto 787-26 emitido por el Poder Ejecutivo, el cual detalla los lineamientos éticos y las responsabilidades institucionales en torno a la adopción de tecnologías avanzadas en el país.