Fiscal de Duarte comparece ante el Tribunal Constitucional por caso de garantía económica
La fiscal Smaily Yamel Rodríguez asistió a una audiencia en el Tribunal Constitucional para revisar una sentencia que ordenaba aceptar el pago de una garantía a un condenado por robo.
La fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, se presentó este viernes ante el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) en el marco de una audiencia pública. El encuentro tuvo como objetivo analizar un recurso de revisión constitucional interpuesto contra una decisión judicial que favoreció a un individuo sentenciado a una década de cárcel por el delito de robo agravado.
Detalles del proceso judicial
El caso, registrado bajo el expediente TC-05-2023-0240, se deriva de una sentencia emitida en abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Duarte. El conflicto legal surgió cuando la Fiscalía local se rehusó a permitir que el sentenciado, identificado como Jeison López, efectuara el pago de una garantía económica fijada en 25,000 pesos. Ante esta negativa, la defensa legal del imputado presentó una acción de amparo, argumentando que se estaban vulnerando derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
En su momento, el tribunal de primera instancia falló a favor del condenado, ordenando a la Fiscalía autorizar el pago y estableciendo una multa coercitiva de 20,000 pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de dicha disposición. Ante esta situación, el Ministerio Público elevó el caso ante la alta corte, sosteniendo que la medida de coerción se mantenía vigente debido a la sentencia condenatoria de diez años que ya pesaba sobre el individuo. La institución solicitó la anulación de la sentencia de amparo y la suspensión de la penalidad económica impuesta.
La sesión de este viernes, presidida por el magistrado Napoleón R. Estévez, permitió escuchar los argumentos tanto de la fiscal Rodríguez como de la parte defensora. Cabe recordar que, en una convocatoria previa, el proceso no pudo ser conocido debido a la inasistencia de la representante del Ministerio Público, lo que obligó al tribunal a ordenar su conducencia, conforme a las facultades que le otorga la Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional.
Esta información fue dada a conocer a través de los canales oficiales del Tribunal Constitucional, organismo que detalló los pormenores de la audiencia pública celebrada para la sustanciación de este recurso.