Dealers de vehículos lideran sanciones por incumplimiento a la Ley de Lavado de Activos
La Dirección General de Impuestos Internos ha sancionado mayoritariamente a concesionarios de vehículos por violaciones a la normativa contra el lavado de activos, acumulando multas millonarias en el sector.
Supervisión y sanciones administrativas
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha identificado a los comercializadores de vehículos como el sector con mayor índice de sanciones en el país bajo el marco de la Ley 155-17, la cual regula la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. De acuerdo con los registros oficiales que abarcan desde el año 2021, se han emitido 48 resoluciones sancionadoras, de las cuales 36 han recaído directamente sobre concesionarios y dealers de automóviles.
El análisis de las autoridades revela que, si bien el sector automotriz encabeza la lista, las infracciones cometidas son calificadas mayoritariamente como leves. La falta más recurrente consiste en el incumplimiento de la obligación de remitir a la DGII, dentro de los primeros 15 días hábiles tras finalizar cada trimestre, la información estadística necesaria para los procesos de análisis de riesgo. Por esta omisión, se ha aplicado una multa estándar de 300,000 pesos en cada caso.
No obstante, el organismo supervisor ha detectado casos donde la gravedad de las faltas ha superado el monto base. Empresas como Auto Lujosa, Ochoa Hermanos, Alamsa y Ciber Dealer han enfrentado penalidades superiores debido a factores como el retraso en la entrega de documentación solicitada, la ausencia de mecanismos para identificar riesgos de clientes y productos, y el incumplimiento de medidas correctivas recomendadas por la entidad.
Otros sectores bajo la lupa
Además de los dealers, el sector de la construcción e inmobiliario ocupa un lugar relevante en el listado de sanciones, acumulando nueve resoluciones. Las empresas constructoras han sido penalizadas principalmente por no designar a un oficial de cumplimiento ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o por omitir la comunicación de dicho nombramiento a la DGII. Otras faltas incluyen la falta de entrega de datos estadísticos trimestrales y demoras en la respuesta a requerimientos de información.
El monto total de las penalidades administrativas impuestas por la autoridad competente asciende a 36.7 millones de pesos. La sanción individual más elevada, situada en 13.9 millones de pesos, fue aplicada recientemente al propietario de una joyería, fundamentada en la obstrucción a las labores de supervisión y la falta de un órgano de control interno adecuado.
Esta información fue recopilada a partir de los informes oficiales y resoluciones emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos en su rol como ente supervisor de los sujetos obligados no financieros en la República Dominicana.