Congreso deja perimir iniciativas que buscaban interpelar a autoridades por muertes en intercambios
Las propuestas legislativas para que la ministra de Interior y el director de la Policía expliquen las muertes en supuestos intercambios de disparos quedaron sin efecto tras vencerse los plazos en el Congreso.
La preocupación social ante el incremento de fallecimientos de civiles en presuntos intercambios de disparos con agentes del orden no ha encontrado eco en el Poder Legislativo. A pesar de la gravedad de las cifras, que registran al menos 116 muertes entre septiembre y noviembre de 2026, dos iniciativas destinadas a exigir explicaciones a los titulares de Interior y Policía y de la Policía Nacional han quedado estancadas, permitiendo que sus plazos legales de vigencia expiraran sin ser discutidas.
Detalles de las propuestas legislativas
En el Senado de la República, el legislador Antonio Taveras Guzmán presentó una resolución con el objetivo de que las autoridades detallaran los criterios técnicos, jurídicos y operativos que rigen el uso de la fuerza letal. El documento, depositado a mediados de octubre, solicitaba además información sobre los protocolos de investigación independiente que se activan cuando una intervención policial resulta en la pérdida de una vida humana, buscando así contrastar las versiones oficiales con los hechos ocurridos.
De manera paralela, un grupo de 34 diputados de la oposición impulsó una iniciativa similar en la Cámara Baja. Este proyecto no solo se enfocaba en las muertes bajo custodia o durante operativos, sino que también incluía denuncias sobre supuestos abusos de autoridad. Entre los puntos cuestionados figuraban intervenciones en establecimientos comerciales fuera de los horarios permitidos sin sustento legal, así como actuaciones en temas de contaminación sonora, áreas donde, según los legisladores, la Policía Nacional carece de competencia directa.
Los diputados también señalaron reportes sobre disparos contra vehículos, viviendas y civiles desarmados, lo que motivó la solicitud de una comparecencia formal para que la ministra Faride Raful y el director policial, Ernesto Rafael Rodríguez García, rindieran cuentas sobre el respeto a los derechos fundamentales durante las labores de patrullaje. A pesar de que la propuesta fue abordada brevemente en dos sesiones de la comisión correspondiente, no se lograron avances significativos para su aprobación.
La falta de acción legislativa deja sin respuesta las interrogantes planteadas por diversos sectores de la sociedad civil, que exigen mayor transparencia en los procedimientos de la fuerza pública. La información presentada se basa en los registros y proyectos de resolución depositados ante las cámaras legislativas durante el presente periodo ordinario de sesiones.