Abogados solicitan investigar a fiscales por muertes en operativos policiales

Un grupo de siete destacados abogados ha elevado una instancia formal ante el procurador general titular de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda, con el objetivo de que se audite la participación de los representantes del Ministerio Público en los operativos policiales que han culminado con la muerte de ciudadanos. Los juristas sostienen que es imperativo esclarecer si los fiscales cumplieron con su deber de supervisión y control durante la ejecución de órdenes de arresto y allanamiento.

Exigencia de transparencia procesal

La solicitud, presentada el pasado 11 de noviembre, lleva las firmas de reconocidos profesionales del derecho, entre ellos Carlos Balcácer, Cándido Simón Polanco y Manuel Sierra Pérez, entre otros. El núcleo de su petición radica en que las investigaciones sobre los denominados intercambios de disparos no deben centrarse exclusivamente en el accionar de los agentes policiales, sino que deben extenderse a la responsabilidad funcional de los fiscales que tramitaron y gestionaron las órdenes judiciales.

Los abogados demandan que se identifique con precisión qué fiscales solicitaron las órdenes, quiénes las retiraron de los tribunales y a qué agentes fueron entregadas. Asimismo, exigen conocer si los magistrados estuvieron presentes en los lugares de los hechos, si supervisaron la ejecución de las diligencias y si documentaron adecuadamente las circunstancias en las que se produjeron los decesos. La intención es determinar si existió una dirección funcional efectiva por parte del Ministerio Público o si, por el contrario, hubo omisiones que pudieron derivar en desenlaces fatales.

Entre los puntos clave de la denuncia, se solicita la revisión de autopsias, peritajes balísticos, registros de evidencias y cualquier material audiovisual de cámaras de vigilancia que pueda arrojar luz sobre la veracidad de los enfrentamientos reportados. Los peticionarios invocan la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual faculta a los procuradores de corte a supervisar las investigaciones y corregir negligencias en el ejercicio de sus funciones.

La información sobre esta solicitud de investigación fue difundida inicialmente a través de una entrevista concedida por el abogado Carlos Balcácer al medio de comunicación Diario Libre, donde se detallaron los fundamentos legales y las expectativas de los juristas firmantes ante el órgano persecutor.